Las últimas revelaciones en Brasil parecen confirmar la existencia de coimas que la compañía francesa Alstom -futura constructora del tren de alta velocidad de Argentina- pagó para hacerse de jugosos contratos con el gobierno de San Pablo.

Ayer, el Tribunal de Cuentas de este estado indicó que hay "irregularidades" en varios negocios realizados por el gobierno paulista, incluso el año pasado. De acuerdo con las informaciones del Poder Legislativo paulista, el estado provincial firmó convenios por 7.600 millones de reales (que se prolongaron durante 15 años), lo que al tipo de cambio actual daría 4.500 millones de dólares. De esa cifra, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, se encontrarían comprometidos por "anormalidades" contratos por 800 millones de dólares.

El Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva, que en San Pablo es oposición, pretendía pedir ayer una Comisión Parlamentaria de Investigación de los negocios entre los sucesivos gobiernos socialdemócratas paulistas y la multinacional francesa. Según dijeron varios diputados, hay fuertes sospechas de que Alstom pagó coimas en el caso de provisiones para el subte de San Pablo. También está atrás de estos casos la Policía Federal brasileña.

En un principio se creyó que los convenios "sospechados" se limitaban al período 1993-2003. Pero todo indica ahora que hubo más contrataciones posteriores. Hay desconfianza respecto de 11 trenes adquiridos el año pasado por 500 millones de reales, o sea unos 320 millones de dólares. Este contrato produjo un perjuicio económico a la empresa de subterráneos paulista de 41 millones de dólares. Es más, el año pasado para evitar una licitación, se decidió adjudicar los trenes en forma directa a la empresa francesa en virtud de un convenio realizado en 1992.

A su vez, ya en el momento de hacer aquella contratación, se sabía que Alstom podría haber pagado una coima de 6,8 millones de dólares por la adjudicación de una obra de 45 millones de dólares en el Metro paulista.

Alstom es investigada también en Francia y en Suiza por sospechas de ilícitos; aunque la empresa ha sostenido que la culpa fue de ex ejecutivos suyos. Documentos obtenidos por fiscales franceses mostrarían sin embargo que altos directivos de la compañía en Brasil hicieron uso de fondos no contabilizados para sobornar políticos y funcionarios de alto nivel, incluso mucho después que el gobierno francés declarara ilegal la cesión de comisiones por negocios en el exterior. Esos "fondos" habrían ayudado también para que Alstom consiguiera contratos en la usina hidroeléctrica de Itá, entre los estados de Río Grande del Sur y de Santa Catarina.